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Fuente de la fotografía: http://www.aldia.cr/ad_ee/2010/abril/12/_Img/2777376_0.jpgLic. Marcos Chinchilla Montes
Profesor Universitario
No me queda la menor duda que la delgada línea que separa la estupidez de la improvisación la constituye la acción policial que realizaron el día de hoy las autoridades del OIJ y la fuerza pública en la Universidad de Costa Rica, avalada desgraciadamente por Jorge Rojas, director (sic) del OIJ y el fiscal general (sic) Francisco Dall Anesse.
Contra toda lógica, una cadena de funcionarios incompetentes no solo violentaron la autonomía universitaria, sino que se dedicaron a agredir físicamente a estudiantes, profesores, funcionarios y sindicalistas, armando un zafarrancho que ya tiene repercusiones legislativas y que se extiende vergonzosamente entre la opinión internacional y los organismos de Derechos Humanos.
Esta acción bochornosa es una muestra más de la lamentable improvisación de nuestras fuerzas de seguridad, mismas que para detener a un presunto funcionario corrupto, tienen que usar a más de 60 agentes y entrar golpeando, amenazando, exponiendo una prepotencia vulgar y chabacana y un desconocimiento absoluto de los valores que la población universitaria ha cosechado en estos 70 años de educación superior.
Si para detener a una persona se requiere ese nivel de violencia e improvisación judicial, ya podemos dar por perdida la lucha contra el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes mexicanos, las que dicho sea de paso, vienen cayendo no por la inteligencia policial sino por el accidente de un helicóptero narco.
Para las y los universitarios, nuestra autonomía es sagrada, y la defendemos en ámbitos diversos: gobierno, presupuesto, legislación interna, pensamiento, formación, investigación, acción social, e incluso, seguridad interna.
Esto no quiere decir que no se pueda y deba colaborar y coordinar con las autoridades judiciales como se ha hecho en otros momentos, pero tener que enfrentar el ingreso de decenas de matones que no tienen el menor pudor para maltratar, golpear, amenazar, sacar armas, quebrar brazos, arrancar dientes y detener personas por defender principios claramente establecidos en nuestro estatuto orgánico, es algo que nos indigna y denunciamos con contundencia.
Estos actos de violencia institucional que son el pan de cada día en Honduras luego del golpe militar contra Zelaya, nos llenan de vergüenza y rabia; lamentablemente, nos hacen perder confianza en las autoridades judiciales, lo que se suma a otras manifestaciones de comunidades que los rechazan, situación que se torna preocupante, pero que es un claro indicador de una práctica institucional que pierde legitimidad en nuestro país y que nos lleva al caos.
Las autoridades judiciales y policiales que avalan estas prácticas al mejor estilo de las dictaduras del cono sur de los años 70 deben renunciar o ser removidas, ya perdieron nuestra credibilidad, le hacen un daño a nuestro Estado de Derecho; los oficiales del OIJ y de la misma policía que protagonizaron estos actos de barbarie no deben estar más en estos cuerpos policiales, con seguridad encontrarán empleo en los cuerpo militares hondureños.
Nos preocupa de sobremanera que el Ministerio de Seguridad no entienda el significado de la autonomía universitaria, precisamente porque la señora ministra pretendió llegar al cargo de rectoría a finales de los años 80, y porque además de docente, fue Vicerrectora de Docencia.
Las universidades públicas costarricenses han sido, son y seguirán siendo respetuosas del ordenamiento jurídico costarricense, pero eso no nos inhibe de denunciar esta clase de afrentas, y menos a desistir de movilizarnos como lo hicimos el día de hoy centenares de ciudadanos, no solo para defender a nuestros compañeros injustamente detenidos y golpeados, sino para exigir respeto por la autonomía universitaria.
¿O es que también quieren convertir a las universidades en el campo de batalla donde impunemente la policía asesina ciudadanos indefensos por la espalda, o los detiene por manifestarse en contra de la privatización?
Las organizaciones sociales, estudiantes, universidades, comunidades, sindicatos, colegios profesionales y ciudadanía en general, debemos pronunciarnos de forma contundente contra estas nefastas prácticas que llevan al país al despeñadero.
Edición: Lic. Marcos Chinchilla Montes
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