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miércoles, 28 de abril de 2010

NUNCA DEBIÓ OCURRIR

Por Helio Gallardo

Nunca debió ocurrir
que un presunto extorsionador evadiera una celada policial-judicial, superara en velocidad (moto incluida) a policías entrenados y buscara refugio en el campus universitario Rodrigo Facio. Lo que nunca debió ocurrir, por desgracia ocurrió. Lo ocurrido fue un fracaso policial y judicial. Impericia y falta de profesionalismo fueron los detonantes de ese fracaso. El procedimiento fue poco o mal pensado y su ejecución se acerca a una combinación de Los Tres Chiflados dirigidos por El Coyote bajo la socarrona mirada del Correcaminos. La operación, y quienes la “planificaron”, debería ser analizada por el OIJ y el Ministerio Público y los responsables del fracaso (actores materiales y sus jefes) deberían ser sancionados. No porque la acción haya fracasado. Eso puede pasar. De hecho acostumbra pasar, sino por los sucesos que el fracaso desencadenó.

Nunca debió ocurrir que, del fracaso inicial, del cual son enteramente responsables los actores policial-judiciales, sin que pueda encontrarse en él ninguna seña de participación “universitaria”, se siguiera un despropósito mayúsculo como fue el ingreso del contingente judicial-policial, para capturar al presunto extorsionador, violentando la seguridad (establecida para proteger a universitarios que son también ciudadanos) del campus universitario. Lo que tampoco debió ocurrir, por ineptitud y frustración de los responsables del primer fracaso, también ocurrió. ¿No se han dado el OIJ y el Ministerio Público un procedimiento específico para actuar o intervenir en el campus? Si no se lo han dado (aunque existe una tradición de respeto en este punto) deben dárselo, si es posible conversando con la autoridad universitaria. Aquí la responsabilidad no es solo del funcionario, digamos El Coyote, que dirigió el operativo, sino las instituciones (OIJ y Fiscalía) y sus autoridades. Incumplimiento de deberes le llaman.

Seamos pródigos. ¿No han diseñado acaso OIJ y MP un procedimiento para ingresar en las embajadas, en la de Chile, por ejemplo, cuando se sospecha que en su seno se ha producido un delito? ¿No lo tienen para ingresar a un banco donde presumen se refugia un asaltante armado? ¿O para ingresar, tras un ladrón de bicicletas a las mansiones del Nuncio Papal o de Rodrigo Arias? ¿O a las instalaciones del INCAE? ¿O han entrado y seguirán entrando en estos lugares sin pensar ni planificar o determinar escenarios ni respetar a nadie ni nada, ni siquiera la vida de sus agentes? No pareciera adecuado en un Estado de Derecho. Siempre debe existir un procedimiento para medir las acciones de actores públicos. Permite sentar responsabilidades. Se trate de un éxito o de un fracaso.

Nunca debió ocurrir que un Fiscal General arremeta, sin haberse procurado información suficiente, contra la institución universitaria burlándose de ella porque desea ser jurídicamente un Vaticano. La atribución es falsa y el comportamiento del alto funcionario fue irreflexivo e impropio de su cargo. Debería ser sancionado por sus superiores. Su frivolidad no debe quedar impune. Nunca debió ocurrir tampoco que la Corte Suprema avalara la acción policial sin haber requerido una investigación de los sucesos. Al menos estos magistrados se retractaron y resolvieron realizar la investigación. Nunca debió ocurrir que el Director del OIJ (cuya exposición en medios televisivos solo es superada por J. Del Vecchio y L. Messi) justificara instantáneamente en todos sus términos la acción de sus hombres (que perpetraron un fracaso rotundo) como si la paliza que le dieron a ciudadanos desarmados y que no saben enfrentar la brutalidad policial y judicial, hubiese sido el objetivo central del operativo (¿Lo fue?). Sabemos que no renunciará, pero es probable que la administración Chinchilla presione para que deje su cargo aunque no por este torpe gesto de “espíritu de cuerpo” mal entendido.

Ninguna de estas cosas debió pasar
. No intentaremos aquí dar referentes básicos de por qué pasaron. Pero sí apuntemos que lo siguiente que no debería pasar es que estas acciones queden impunes. La ciudadanía organizada tendría que encargarse de ello.

Fuente: rupturas@googlegroups.com en nombre de Rupturas-Costa Rica (rupturas.cr@gamil.com)

lunes, 12 de abril de 2010

Una Acción Bochornosa


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Fuente de la fotografía: http://www.aldia.cr/ad_ee/2010/abril/12/_Img/2777376_0.jpg


Lic. Marcos Chinchilla Montes
Profesor Universitario


No me queda la menor duda que la delgada línea que separa la estupidez de la improvisación la constituye la acción policial que realizaron el día de hoy las autoridades del OIJ y la fuerza pública en la Universidad de Costa Rica, avalada desgraciadamente por Jorge Rojas, director (sic) del OIJ y el fiscal general (sic) Francisco Dall Anesse.

Contra toda lógica, una cadena de funcionarios incompetentes no solo violentaron la autonomía universitaria, sino que se dedicaron a agredir físicamente a estudiantes, profesores, funcionarios y sindicalistas, armando un zafarrancho que ya tiene repercusiones legislativas y que se extiende vergonzosamente entre la opinión internacional y los organismos de Derechos Humanos.

Esta acción bochornosa es una muestra más de la lamentable improvisación de nuestras fuerzas de seguridad, mismas que para detener a un presunto funcionario corrupto, tienen que usar a más de 60 agentes y entrar golpeando, amenazando, exponiendo una prepotencia vulgar y chabacana y un desconocimiento absoluto de los valores que la población universitaria ha cosechado en estos 70 años de educación superior.

Si para detener a una persona se requiere ese nivel de violencia e improvisación judicial, ya podemos dar por perdida la lucha contra el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes mexicanos, las que dicho sea de paso, vienen cayendo no por la inteligencia policial sino por el accidente de un helicóptero narco.

Para las y los universitarios, nuestra autonomía es sagrada, y la defendemos en ámbitos diversos: gobierno, presupuesto, legislación interna, pensamiento, formación, investigación, acción social, e incluso, seguridad interna.

Esto no quiere decir que no se pueda y deba colaborar y coordinar con las autoridades judiciales como se ha hecho en otros momentos, pero tener que enfrentar el ingreso de decenas de matones que no tienen el menor pudor para maltratar, golpear, amenazar, sacar armas, quebrar brazos, arrancar dientes y detener personas por defender principios claramente establecidos en nuestro estatuto orgánico, es algo que nos indigna y denunciamos con contundencia.

Estos actos de violencia institucional que son el pan de cada día en Honduras luego del golpe militar contra Zelaya, nos llenan de vergüenza y rabia; lamentablemente, nos hacen perder confianza en las autoridades judiciales, lo que se suma a otras manifestaciones de comunidades que los rechazan, situación que se torna preocupante, pero que es un claro indicador de una práctica institucional que pierde legitimidad en nuestro país y que nos lleva al caos.

Las autoridades judiciales y policiales que avalan estas prácticas al mejor estilo de las dictaduras del cono sur de los años 70 deben renunciar o ser removidas, ya perdieron nuestra credibilidad, le hacen un daño a nuestro Estado de Derecho; los oficiales del OIJ y de la misma policía que protagonizaron estos actos de barbarie no deben estar más en estos cuerpos policiales, con seguridad encontrarán empleo en los cuerpo militares hondureños.

Nos preocupa de sobremanera que el Ministerio de Seguridad no entienda el significado de la autonomía universitaria, precisamente porque la señora ministra pretendió llegar al cargo de rectoría a finales de los años 80, y porque además de docente, fue Vicerrectora de Docencia.

Las universidades públicas costarricenses han sido, son y seguirán siendo respetuosas del ordenamiento jurídico costarricense, pero eso no nos inhibe de denunciar esta clase de afrentas, y menos a desistir de movilizarnos como lo hicimos el día de hoy centenares de ciudadanos, no solo para defender a nuestros compañeros injustamente detenidos y golpeados, sino para exigir respeto por la autonomía universitaria.

¿O es que también quieren convertir a las universidades en el campo de batalla donde impunemente la policía asesina ciudadanos indefensos por la espalda, o los detiene por manifestarse en contra de la privatización?

Las organizaciones sociales, estudiantes, universidades, comunidades, sindicatos, colegios profesionales y ciudadanía en general, debemos pronunciarnos de forma contundente contra estas nefastas prácticas que llevan al país al despeñadero.

Edición: Lic. Marcos Chinchilla Montes


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