NUNCA DEBIÓ OCURRIR

Por Helio Gallardo

Nunca debió ocurrir que un presunto extorsionador evadiera una celada policial-judicial, superara en velocidad (moto incluida) a policías entrenados y buscara refugio en el campus universitario Rodrigo Facio. Lo que nunca debió ocurrir, por desgracia ocurrió. Lo ocurrido fue un fracaso policial y judicial. Impericia y falta de profesionalismo fueron los detonantes de ese fracaso. El procedimiento fue poco o mal pensado y su ejecución se acerca a una combinación de Los Tres Chiflados dirigidos por El Coyote bajo la socarrona mirada del Correcaminos. La operación, y quienes la “planificaron”, debería ser analizada por el OIJ y el Ministerio Público y los responsables del fracaso (actores materiales y sus jefes) deberían ser sancionados. No porque la acción haya fracasado. Eso puede pasar. De hecho acostumbra pasar, sino por los sucesos que el fracaso desencadenó.

Nunca debió ocurrir que, del fracaso inicial, del cual son enteramente responsables los actores policial-judiciales, sin que pueda encontrarse en él ninguna seña de participación “universitaria”, se siguiera un despropósito mayúsculo como fue el ingreso del contingente judicial-policial, para capturar al presunto extorsionador, violentando la seguridad (establecida para proteger a universitarios que son también ciudadanos) del campus universitario. Lo que tampoco debió ocurrir, por ineptitud y frustración de los responsables del primer fracaso, también ocurrió. ¿No se han dado el OIJ y el Ministerio Público un procedimiento específico para actuar o intervenir en el campus? Si no se lo han dado (aunque existe una tradición de respeto en este punto) deben dárselo, si es posible conversando con la autoridad universitaria. Aquí la responsabilidad no es solo del funcionario, digamos El Coyote, que dirigió el operativo, sino las instituciones (OIJ y Fiscalía) y sus autoridades. Incumplimiento de deberes le llaman.

Seamos pródigos. ¿No han diseñado acaso OIJ y MP un procedimiento para ingresar en las embajadas, en la de Chile, por ejemplo, cuando se sospecha que en su seno se ha producido un delito? ¿No lo tienen para ingresar a un banco donde presumen se refugia un asaltante armado? ¿O para ingresar, tras un ladrón de bicicletas a las mansiones del Nuncio Papal o de Rodrigo Arias? ¿O a las instalaciones del INCAE? ¿O han entrado y seguirán entrando en estos lugares sin pensar ni planificar o determinar escenarios ni respetar a nadie ni nada, ni siquiera la vida de sus agentes? No pareciera adecuado en un Estado de Derecho. Siempre debe existir un procedimiento para medir las acciones de actores públicos. Permite sentar responsabilidades. Se trate de un éxito o de un fracaso.

Nunca debió ocurrir que un Fiscal General arremeta, sin haberse procurado información suficiente, contra la institución universitaria burlándose de ella porque desea ser jurídicamente un Vaticano. La atribución es falsa y el comportamiento del alto funcionario fue irreflexivo e impropio de su cargo. Debería ser sancionado por sus superiores. Su frivolidad no debe quedar impune. Nunca debió ocurrir tampoco que la Corte Suprema avalara la acción policial sin haber requerido una investigación de los sucesos. Al menos estos magistrados se retractaron y resolvieron realizar la investigación. Nunca debió ocurrir que el Director del OIJ (cuya exposición en medios televisivos solo es superada por J. Del Vecchio y L. Messi) justificara instantáneamente en todos sus términos la acción de sus hombres (que perpetraron un fracaso rotundo) como si la paliza que le dieron a ciudadanos desarmados y que no saben enfrentar la brutalidad policial y judicial, hubiese sido el objetivo central del operativo (¿Lo fue?). Sabemos que no renunciará, pero es probable que la administración Chinchilla presione para que deje su cargo aunque no por este torpe gesto de “espíritu de cuerpo” mal entendido.

Ninguna de estas cosas debió pasar . No intentaremos aquí dar referentes básicos de por qué pasaron. Pero sí apuntemos que lo siguiente que no debería pasar es que estas acciones queden impunes. La ciudadanía organizada tendría que encargarse de ello.

Fuente: rupturas@googlegroups.com en nombre de Rupturas-Costa Rica (rupturas.cr@gamil.com)